Guanajuato hoy es seguro y trabajaremos para que siga siéndolo y cada día más, porque ello representa la tranquilidad de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, representa la posibilidad de seguir en libertad y no rehenes del pánico que genera la criminalidad, en el Partido Acción Nacional tenemos el claro y firme compromiso de la lucha contra la criminalidad, enfrentando a la delincuencia sin descanso, con fortaleza y determinación.

La Seguridad Pública debe atenderse desde la prevención y ello lo hemos abordado en el tema educativo y deportivo, además de propiciar una legislación que fortalezca la prevención del delito en el Estado de Guanajuato como una tarea transversal que vincula a todas las áreas de la administración pública bajo una solo coordinación que optimice los esfuerzos de todos para prevenir eficazmente el delito y la mitigación de los efectos de la violencia, las claves: educación, cultura, salud, deporte y trabajo. En materia preventiva generaremos la obligación legal de incorporar trabajos de inteligencia en la planeación de las estrategias. Impulsaremos reforma para combatir la delincuencia cibernética, eliminar de la red a la pornografía infantil, el abuso de menores y la violencia.

En materia policial fortaleceremos las sanciones legales a los servidores públicos encargados de la seguridad, a efecto de eliminar los excesos que se cometen, la tortura y el abuso de poder y promover un uso racional de la fuerza pública y de igual forma agravaremos los tipos penales por los delitos que se cometen en contar de los policías y funcionarios de justicia y seguridad o sus familias.

El trabajo de inteligencia en materia de seguridad es fundamental, por ello se le dará un reconocimiento legal a estas áreas tanto en la Prevención del Delito como en la Procuración de Justicia, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo una prevención científica del delito y una investigación solida de los delitos cometidos y sus autores.

En materia de seguridad privada fortaleceremos los controles legales para la autorización, selección, contratación y capacitación de los elementos que proporcionan seguridad privada para evitar que sea infiltrada y se convierta en cómplice de la delincuencia, con una participación de los municipios cuando así se convenga con el estado.