Las funciones de los legisladores en el Congreso de Guanajuato se pueden sintetizar en cinco vertientes, la primera es la de Representación, para defender el interés público; la segunda es la Legislativa, para presentar o reformar y aprobar las leyes; la tercera es de Control, para vigilar el cumplimiento de otros poderes; la cuarta es la Jurisdiccional, para iniciar por ejemplo juicios políticos; y la quinta, la Político-Administrativa, para ratificar nombramientos. De esta última me referiré a propósito de la propuesta hecha por el gobernador Miguel Márquez Márquez para elegir al próximo titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos entre la terna integrada por los ciudadanos José Carlos Guerra Aguilera, José Raúl Montero de Alba y Éric Bolívar Alonzo. Si usted tiene interés de conocer los documentos enviados al Congreso, que incluyen las hojas de vida de los propuestos, lo puede consultar y bajar para su estudio y análisis en http://bit.ly/2fqwPDn.

Durante el primer año de la LXIII legislatura, se ha utilizado la Función Político Administrativa en ocho ocasiones ya: para la relección de una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia; de dos magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo; de un magistrado Supernumerario del Tribunal Contencioso Administrativo; de un consejero del Poder Judicial del Estado; de un auditor especial de evaluación y desempeño de la Auditoría Superior del Estado; de la ratificación del Contralor Interno y el nombramiento del Secretario General del propio Congreso.

La Ley para la protección de los derechos humanos en el estado de Guanajuato -http://bit.ly/2fWZynA- establece en su artículo 11, que para ser Procurador se requiere tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el estado no menor de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; ser preferentemente Licenciado en Derecho; gozar de reconocido prestigio profesional y personal, así como en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; no desempeñar cargo o empleo público al momento de asumir el cargo, ni actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción hecha de los de carácter docente; y no haber sido condenado por delito doloso.

El artículo 12 le da la responsabilidad Político Administrativa al Congreso al mandatar que el titular de la Procuraduría sea designado por el voto de la mitad más uno de la totalidad de quienes integren el Congreso del Estado. También mandató al Ejecutivo Estatal para hacer una convocatoria y con base en dicho procedimiento y una vez escuchadas las personas interesadas, proponer una terna de candidatos de entre los cuales se designe a quien ocupe el cargo. Si por alguna razón de las enunciadas en el artículo 11, el Congreso determinara que no cumplen los requisitos, la terna podrá no ser aprobada, situación que llevaría a que en un término de cinco días el Ejecutivo elabore otra terna entre -ahora sabemos- los otros 16 pretendientes. Se repite el procedimiento y si aun así el Congreso determinara rechazar la segunda terna, el Gobernador tiene la facultad para designar de entre los propuestos a quien ocupe la titularidad.

El próximo lunes, la Comisión dictaminadora del Congreso entrevistará a los propuestos. En un ejercicio de transparencia a la ciudadanía, lo que ahí ocurrirá, podrá ser visto en vivo en el portal del Congreso www.congresogto.gob.mx, en el mismo portal usted puede enviar comentarios o sugerencias de cualquier iniciativa de las que hoy se discuten en el mismo.

La Ley proporciona la certeza jurídica para los ciudadanos propuestos y asimismo establece los límites para el colectivo de 36 legisladores que tomarán la decisión una vez dictaminado en Comisión y llegue al Pleno para la votación. Los argumentos y sentido del voto, también pueden ser vistos en vivo en el Portal del Congreso.

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